Las infraestructuras de España son una de sus mejores cartas de presentación ante el mundo. Entre sus logros está su conexión en alta velocidad, con la segunda red más extensa, por detrás de China. Su red de aeropuertos es una de las más modernas del mundo y con mayor conectividad aérea sin olvidar su buena y competitiva red de carreteras al igual que la de puertos.

Pero la situación que vive hoy el sector de infraestructuras es preocupante. En la época de los 80, gran parte de los fondos europeos se dedicaron en España a obra pública. Sin embargo, desde 2010, por motivo de la anterior crisis financiera, la inversión pública se ha ido reduciendo del 5,2% del PIB en 2009 al 2% actual, situándose en niveles de mínimo histórico. En 2020/21 España es de nuevo el país con menor ratio inversor de la UE, con una inversión pública un 64% inferior a la media de las 4 mayores economías europeas, según datos de Seopan (la patronal de las constructoras y concesionarias).

Los expertos coinciden en señalar que este sector se encuentra bajo mínimos desde hace unos años, tanto en el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes como en la construcción de las nuevas demandas. En este contexto, 2021 se presenta como una gran oportunidad gracias a un aumento de la partida presupuestaria nacional y de los esperados nuevos fondos de la UE. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 11.527 millones de euros destinada a las infraestructuras. En lo que a la parte nacional se refiere, supone un incremento del 27,3%. Además, el Gobierno espera recibir los fondos europeos Next Generation, en los que también tendrán cabida proyectos de infraestructuras. Se abren así nuevas oportunidades, aunque hay todavía mucha cautela, ya que este tipo de inversiones llevan su tiempo.

Retos

Los principales retos del sector de la ingeniería civil están relacionados con el cambio climático y con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. “Ningún otro sector es más efectivo para conseguir ambos fines. Por ello, se debe priorizar aquello que afecta directamente al bienestar de las personas y al progreso de la sociedad, como es el caso del transporte y movilidad, ciclo integral del agua, energía renovable, tratamiento de residuos, ciudades inteligentes, protección de los sistemas naturales y seguridad frente a eventos naturales extremos”, explica Francisco Javier Martín-Carrasco, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Pero también supone un reto convencer a los responsables públicos de la inexcusable necesidad de invertir en nuevas obras públicas, y en la conservación y mantenimiento de las que ya existen. “En España estamos viviendo de las rentas en materia de infraestructuras, de un sistema que no hace mucho era en su conjunto posiblemente el mejor del mundo, lo cual propició un desarrollo económico sin precedentes en nuestro país”, añade el docente. De ahí que se convierta en una obligación acrecentarlo y mantenerlo, siendo imprescindible para fomentar y atraer la inversión de los demás sectores económicos españoles, como el sector agrario, industrial, turismo y servicios y para el progreso de la sociedad en su conjunto.

Sabemos que las infraestructuras generan una actividad económica inducida, proporcionan un retorno fiscal a las administraciones públicas, en términos de creación de empleo, y por el propio beneficio social que induce. Los fondos europeos se presentan como una oportunidad única para activar y recuperar la economía española siempre que se destinen a inversiones que generen empleo en vez de a subvenciones.

Pero también el sector requiere de la colaboración público – privada y es la recomendación que ha hecho la propia Comisión Europea. Hay liquidez en el mercado, en los fondos institucionales y en los soberanos. “España no puede quedarse fuera de esta captación de inversión privada”, asegura Julián Muñoz, presidente de Seopan. Esta patronal, junto a la de ingeniería (Tecniberia), ha elaborado un plan de actuación con 10 megaproyectos tractores que representan 100.813 millones de euros de inversión. Se trata de 2.280 actuaciones dentro de distintas áreas, entre ellas: rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, movilidad urbana, equipamiento público, depuración de aguas y redes de saneamiento y movilidad segura, conectada. Un plan con el que se espera un impacto económico de 30.000 nuevos empleos a tiempo completo en ingeniería, 1,4 millones de nuevo empleo a tiempo completo en construcción, 46.481 millones de euros de retorno fiscal y 191.320 millones de euros de actividad económica inducida.

Como actividad esencial, el sector de infraestructuras no ha sido muy castigado por la crisis sanitaria. Y ahora se espera de él que tenga un papel muy importante en la recuperación económica del país porque es una industria que transmite a una gran velocidad todo el euro que se invierte en la economía real. España debe ser capaz de gastar todas las subvenciones y ayudas directas que va a tener.